En este momento, se producen conflictos estudiantiles ligados a la escasez de recursos públicos en la universidad en lugares tan diferentes como Bulgaria, Grecia, Reino Unido, Italia, Austria o Estados Unidos. En Italia, por ejemplo, en los dos últimos años el Gobierno ha recortado los fondos para Educación en 9 millones de euros y ha eliminado 130.000 puestos de trabajo. Incluso, según Público el decreto ley de Gelmini [la última ley educativa], tiene previsto eliminar el 90% de las becas y golpeará duramente la inversión estatal en investigación. A finales de noviembre era aprobada esta nueva ley y, según la Unión de los Universitarios (UDU), “más de 400.000 estudiantes se han movilizado en toda Italia”.
Desde el estallido de la crisis, se ha visto intensificado el ataque a los servicios públicos. El recorte presupuestario en gasto social se produce a la vez que se “rescata” el sistema financiero de medio mundo. El ya maltrecho Estado del bienestar se ha situado en el centro de la diana. Los sistemas educativos en general, y la universidad en particular, han sido una de las primeras víctimas sobre las que hacer recaer el duro peso de la crisis. En el caso de la universidad europea, el ataque presupuestario a la educación superior se produce en un contexto de aceleración de la reforma para la adaptación de las universidades europeas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
La Estrategia Universidad 2015
El modelo de universidad-empresa diseñado al albur del proceso de Bolonia se inspiraba miméticamente en el modelo anglosajón, vendido a los cuatro vientos como paradigma de universidad vinculada “a la sociedad y a las demandas de ésta”. Realmente se vincula a la empresa. La universidad europea debía aspirar a ese modelo de universidad flexible y competitiva, un modelo que, además, se empeñaban en presentar como funcional y eficiente (especialmente en términos económicos). Sin embargo, la propia crisis del sistema universitario estadounidense muestra claramente los límites de ese modelo de universidad basado en la financiación público-privada y en el endeudamiento estudiantil. Un síntoma más de esto, por ejemplo, es la degradación de una universidad tan emblemática como la de Berkeley, en riesgo de quiebra, como contaba en la página web de DIAGONAL Montserrat Galcerán.
En el caso de la educación superior en el Estado español, al proceso de privatización que sufren todas las universidades europeas se le suman los problemas de financiación endémicos que arrastran la mayoría de universidades españolas. Así, el último informe sobre financiación del Consejo de Coordinación Universitaria evaluaba en 3.151 millones de euros la cantidad que debería destinarse al conjunto de las universidades públicas presenciales para equiparar su financiación a la media de la UE.
Este desfase de inversión pública en la Universidad es fácilmente constatable. Por citar sólo tres ejemplos: la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, tiene un número de estudiantes similar a la Universidad Complutense de Madrid, pero cuenta con el doble de su presupuesto; la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, es similar en tamaño a la Autónoma de Barcelona y su presupuesto es un 50% mayor; la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, tiene un número de estudiantes similar a la Universidad Carlos III de Madrid y un presupuesto seis veces mayor, según el documento Propuestas para la reforma de la Universidad española de la Fundación Alternativas.
El caso de la Complutense es el más paradigmático, acumula una deuda histórica de casi 150 millones de euros, lo cual tiene repercusiones en las condiciones materiales del día a día en la universidad, según denuncian tanto trabajadores como estudiantes. Sin embargo, no se trata de un caso aislado en el panorama universitario español: la mayoría de universidades se hallan inmersas en conflictos abiertos con los respectivos gobiernos de las Comunidades Autónomas por los recortes en marcha y/o las promesas incumplidas de financiación en los últimos años. La Universidad de Asturias, por ejemplo, acaba de denunciar un recorte de 2,5 millones de euros en los presupuestos autonómicos.
Pero, ¿cómo es el modelo de financiación de las universidades españolas? La partida principal del presupuesto de las universidades públicas son las transferencias de las CC AA, que suponen, en promedio, el 60% del presupuesto total. La segunda partida en importancia son las tasas académicas, que representan alrededor del 15% del presupuesto de las universidades. La cantidad restante procede de las transferencias de capital, especialmente, para actividades de inversión en inmovilizado o investigación y otros ingresos ligados a la actividad investigadora.
La segunda etapa de la aplicación del EEES y la Estrategia Universidad 2015 (EU-2015) se dirige precisamente a reformar este modelo de financiación. De fondo, existe una intensa campaña destinada a tratar de recortar el elevado gasto que supone el actual modelo y el gasto excesivo por estudiante, que el disurso oficial se empeña en presentar como un vago y repetidor recurrente que se aprovecha del sistema.
Competición universitaria
El modelo de financiación expuesto en la EU-2015 es un modelo de carácter mixto; un modelo que prioriza el mecenazgo empresarial, la competición interuniversitaria por la recepción de fondos, la venta y comercialización de patentes, y la obtención de una mayor financiación pública en base a resultados y de mayores fondos privados. Un claro ejemplo de ello es la decisión de la Universidad Pública de Navara (UPNA), el 22 de noviembre, de crear un foro empresarial, que sustituya al propio Consejo Social, con el objetivo de buscar financiación privada para la universidad.
La universidad lleva un largo periodo de adaptación a este sistema de financiación mixto de carácter publico/privado. Y los recortes del gasto público, bajo la excusa de la crisis, han acelerando este proceso. Las universidades atenazadas por la falta de presupuesto, están pasando de la tradicional cooperación entre centros a la competencia por la captación de recursos privados. Una competencia estimulada por las instituciones públicas en una especie de cuadratura del círculo, ya que a más dinero privado recaudado, más dinero público a invertir. Es decir, financiación por objetivos. Una financiación que también se pretende aplicar al estudiantado: un aumento en la asignación de costes por matrícula a (‘los malos’) estudiantes.
A LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PRIVADA
Recortes en Reino Unido
El programa de recorte presupuestario del Gobierno de Cameron en el Reino Unido amenaza con cerrar prestigiosas universidades del país. En total, afecta a 208 instituciones universitarias. La partida presupuestaria actual de 8.300 millones quedará reducida a menos de 5.000 antes de 2014, esto es, un tijeretazo del 43%. Las tasas universitarias, en cambio, se multiplicarán por tres.
El modelo de EE UU
En Estados Unidos dos tercios de los presupuestos de las universidades corresponden a fondos procedentes de empresas y de donaciones particulares. Como consecuencia, más de la mitad de la población universitaria está endeudado con entidades privadas para sufragar sus estudios. Uno de los mayores objetivos de cada universidad es competir por obtener esa financiación, incluida la de ex alumnos.
Situación insostenible
Según revela un estudio actuarial realizado a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), diez universidades de México pasan por una situación financiera “insostenible”, derivada de la carga que enfrentan por el pago a trabajadores jubilados y pensionados. En un nivel menor, se situarían otras 11 instituciones el déficit de recursos las coloca en condiciones “críticas o muy críticas”.
Más pasos en España
Ante la coyuntura de crisis económica y recorte de los presupuestos públicos, las universidades del Estado español se plantean en el marco de la Estrategia 2015 aumentar la financiación privada, que a día de hoy supone el 10% de su presupuesto total, en base a una mayor explotación comercial privada de la investigación y la competencia entre los centros en relación a sus “resultados”.
¿Quién se doctora?
A finales de octubre los doctorados catalanes se manifestaban por la subida de tasas. Según informa La Vanguardia, quien se disponga doctorarse en las universidades catalanas se ha encontrado este año con el encarecimiento de las tasas obligatorias de tutoría de 105 a 400 euros, una subida del 280%. Si se incluyen las tasas de exámenes, no todos los realizan, el aumento es menor: de 235 a 400 euros.
Publicado por: Diagonal. Joseba Fenández y Miguel Urbán
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