Los actuales indefinidos trabajarán dos años más mientras la tasa de paro entre los jóvenes asciende al 40%
El Proyecto de Ley de reforma de las pensiones que el gobierno español presentará ante el consejo de ministros el 28 de Enero tendrá una fuerte incidencia en las condiciones laborales de los jóvenes que pretendan incorporarse al mercado laboral. Después de esta reforma, la edad de jubilación pasará de 65 a 67 años paulatinamente a razón de mes y medio por año. Esta medida tendrá un efecto de dilatación del relevo generacional en el mercado laboral que dificultará aún másla posibilidad de acceder a puestos de trabajo a una generación de jóvenes que vive una de las peores situaciones laborales de Europa
A partir de la aprobación de la reforma de las pensiones los actuales trabajadores indefinidos permanecerán dos años más en sus puestos de trabajo a partir de 2027. Esta refirna, que el gobierno ya viene anunciando desde Febrero del año pasado ha sido justificada por el incremento en la esperanza de vida y la transformación en la pirámide poblacional a raíz de la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom. En este sentido el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha afirmado recientemente durante su intervención en la convención anual de la Asociación de Mercados Financieros que "el sistema de pensiones se va a reformar y se va a tocar la edad de jubilación, que es esencial para la sostenibilidad y la justicia de nuestros hijos".Flaco favor a la juventud
Sin embargo, los pronósticos hacen pensar es muy probable que esta medida perjudique gravemente a la juventud, un segmento poblacional que ya vive unas condiciones de precariedad y desempleo sin precedentes. Las estadísticas muestran que existe una elevada población activa joven que podría cotizar contribuyendo a equilibrar la balanza del sistema público de pensiones y que no lo está haciendo. Actualmente la tasa de paro entre los menores de 29 años es del 40% según fuentes del Instituto Nacional de Estadística, cifra que representa la mayor tasa de la Unión Europea, cuya media de paro juvenil es del 21,4% para el conjunto de los 27. Además el salario de los jóvenes es un 40% inferior al de los adultos para el mismo tipo de empleo y el índice de temporalidad entre los menores de 24 años llega al 67%, siendo para el total de los asalariados del 25%.
Las leyes de la oferta y la demanda dictan que un aumento de la edad de jubilación ralentizaría la sustitución de los actuales puestos de trabajo afectando a los potenciales entrantes. Según Alberto Montero, profesor de estructura económica de la Universidad de Málaga, el retraso en la edad legal de jubilación “supone un retraso en la salida del mercado de trabajo que, sobre la base de una cantidad de puestos de trabajo constantes, inevitablemente impide la incorporación de nuevos trabajadores.”.
La respuesta en Francia
Cuando hace dos meses en Francia se produjeron las huelgas contra el incremento de las pensiones, la principal crítica que llevó a movilizarse a la mayoría de los estudiantes de liceos y universidades partía de las misma intuición que se señala aquí, pero en todo caso el escenario francés era mucho más alagüeño tanto para los trabajadores como para los estudiantes. En el momento de la aprobación del aumento de la edad mínima de partida a la jubilación en Francia de 60 a 62 años, la tasa de paro general rondaba el 10% y la tasa de paro juvenil alcanzaba el 24% según cifras de Eurostat.
En aquel momento miembros del sindicato SUD y de la organización Attac Francia ya criticaban la situación en un artículo publicado en Le Monde el 29 de Septiembre al afirmar que “el aumento de la edad de jubilación tendrá un efecto inmediato de subida en la tasa de paro”. “De esta manera el gobierno excluye del empleo a aquellos que tienen necesidad de trabajar y fuerza a trabajar a aquellos que quisieran jubilarse”, concluían los sindicalistas en el artículo citado.
El sujeto precario
Ante el panorama desolador del mercado laboral para la juventud en España que muestran las estadísticas sería esperable un clima social de tensión dentro de este colectivo. Sin embargo, raramente se tiene en cuenta a la juventud precaria como un actor social relevante a la hora de tomar este tipo de medidas por parte de los gobiernos. Según Luis Giménez, militante del colectivo universitario Rise Up, “el problema está en la escasa politización de nuestra generación y en su empeño en buscar soluciones individuales a problemas colectivos”. También señala que “el hecho de que la rabia aún no haya explotado en este segmento poblacional está muy determinado por la posibilidad de seguir disfrutando del colchón familiar hasta edades muy avanzadas gracias a los contratos indefinidos de los que disfruta una importante proporción de la generación de nuestros padres”.
Otro factor importante según este estudiante es que “los sindicatos del estado español no tienen en cuenta a la juventud precaria porque ésta no está sindicada dada las características de los empleos a los que puede acceder”. “No obstante, desde los diferentes movimientos sociales en los que estamos involucrados los jóvenes, llevamos años intentando consolidar una conciencia activa por parte de la juventud precaria”, concluye el universitario.
Intereses ocultos
Si entendemos que la ampliación de la edad de jubilación y la reducción de las pensiones no es la única ni la mejor manera de equilibrar la balanza de las pensiones cabe entonces preguntarse cuáles son los posibles intereses ocultos que hay detrás de esta reforma. En este sentido nos encontramos con que el principal think tank español que articula las críticas al actual sistema sea la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), institución financiada por instituciones financieras como BBVA, Banco Santander o La Caixa.
Desiderio Martín del sindicato CGT declaraba para el número 137 de Diagonal que “el objetivo de esta campaña sostenida en contra de la Seguridad Social es trasladar miles de millones de euros a los fondos de pensiones privados. Esto se favorecerá dificultando el acceso y empeorando las condiciones del sistema de reparto público, de modo que muchas personas trabajadoras se planteen acceder a un fondo privado para asegurarse unos ingresos mínimos después de la jubilación”. Otro aspecto importante es la necesidad que tiene el gobierno español de demostrar que está dispuesto a ceñirse a las exigencias de los mercados financieros y de la Unión Europea, que ven con buenos ojos cualquier atisbo de privatización del sistema público de pensiones, según se deduce de lo explicado por Daniel Albarracín, del grupo de estudios de CCOO en el anterior número de Diagonal.
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